Lo intentarán vestir de seda, pero el ridículo del estado español, y de la justicia en particular, es de órdago. España tiene a un supuesto acusado nada menos que de rebelión violenta, que sería detenido y encarcelado en el instante en que pusiese un pie en el territorio español, un delincuente considerado tan peligroso que sería reo de prisión provisional sin fianza, al que sin embargo esa misma España no persigue internacionalmente y deja que se pasee tranquilamente por todo el mundo sin reclamar su detención inmediata. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el delito de rebelión del que se le acusa es simple y llanamente un montaje para procurar el encarcelamiento de rivales políticos incómodos. Y ningún país democrático (tampoco Bélgica) iba a aceptar la extradición basándose en ese delito inventado. Y claro, antes de que quedase al descubierto y en evidencia todo el sistema judicial español (nada menos que la Fiscalía General de Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo), el juez ha tomado una decisión insólita: levantar la orden internacional de detención. Y para ello utiliza, entre otros, un argumento aplastante que, espero, no cree jurisprudencia: el acusado ha dicho que en algún momento tiene pensado volver... A partir de ahora, aquellos acusados fugados al extranjero y con una orden internacional de detención podrán alegar lo mismo: “no se preocupe que volveré un día”.
El auto del juez Llarena viene además a ratificar que Puigdemont no es más que un exiliado político: No sé de ningún delincuente común que pueda pasearse libremente por todo el mundo, dando conferencias y ruedas de prensa, sin que el país donde delinquió no lo reclame y la policía no le importune. En cambio, de exiliados políticos en esas circunstancias sí sé de muchos. (Tatxo Benet)
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